Anticorrupción pedirá cárcel para el ex número2 del PP balear, José María Rodríguez, la cuñada de Matas y antiguo alto cargo, Encarnación Padilla, y la ex consejera Aina Castillo por la financión del PP «con dinero Bprocedente de comisiones». Imputará delito electoral al antiguo gerente, Fernando Areal, hermano de la mujer de Matas.
La Fiscalía Anticorrupción considera acreditada la financiación ilegal del PP de Baleares durante las campañas autonómicas y municipales de 2003 y 2007. El Ministerio Público, que ultima sus escritos de acusación en los dos procedimientos judiciales en los que se investigan en estos momentos las cuentas de los populares de las Islas, ha constatado documentalmente la utilización sistemática de dinero negro para costear los trabajos electorales y vincula la procedencia de los fondos con el cobro de comisiones ilegales.
Por ello, Anticorrupción acusará próximamente de la comisión de un delito electoral al ex secretario general del PP de Baleares, José María Rodríguez, así como al ex tesorero del PP de las Islas, Fernando Areal Montesinos, cuñado del expresidente Jaume Matas.
Pero también atribuirá dos delitos más a todos los que participaron en esta trama: los de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.
Atribuirá estos dos tipos penales a los empresarios que llevaron a cabo el grueso de los trabajos electorales: Miguel Romero, propietario de la agencia de publicidad Nimbus, y el argentino Daniel Mercado, dueño de Over Marketing.
Pero también acusará por fraude a la Administración a Rodríguez, a la ex consejera de Sanidad del PP Aina Castillo, al ex presidente del Parlamento balear Pere Rotger y a Encarnación Padilla, cuñada de Matas, que fue nombrada por su pariente directora general de Tecnología y Comunicación del Gobierno balear. Todos ellos por amañar concursos públicos para beneficiar a Over Marketing y costear así parte de los trabajos.
Tras analizar la documentación aportada por la Brigada de Policía Judicial de la Guardia Civil, Anticorrupción estima que el partido que presidía Matas inyectó dinero negro en sus campañas hasta cubrir un porcentaje de al menos un 30% del coste total de los trabajos.
Los investigadores apuntan en los informes presentados en las piezas separadas 4 y 27 del caso Palma Arena que Areal llegó a pagar en efectivo con fondos de origen desconocido 70.000 euros a la agencia Nimbus, tal y como se desprende de la documentación incautada, y que Over Marketing recibía, a su vez, dinero negro para las campañas de manos de Rodríguez, que tuvo que dimitir como delegado del Gobierno de Baleares tras destapar EL MUNDO su participación en la trama. En el caso de este histórico dirigente popular, que llegó a ocupar durante el último Gobierno de Matas la Consejería de Interior, ha podido documentarse que entregó a Mercado al menos 80.000 euros en mano.
El empresario argentino, tras serle intervenida la documentación en sus oficinas, confesó al juez José Castro el modus operandi empleado. «Existía un acuerdo con Jaume Matas de que parte de los gastos electorales se debían cobrar en negro y que los que no se cobraran quedarían compensados con el volumen de adjudicaciones de contratos públicos que se me prometieron», señaló Mercado. «De hecho, así sucedió», apostilló.
Over Marketing percibió más de tres millones de euros públicos procedentes de contratos trucados de cinco consejerías del Gobierno balear. Mercado regó a cambio a los líderes del PP con todo tipo de artículos de lujo. A las consejeras de Matas las obsequiaba con bolsos de Louis Vuitton o de Loewe y a los hombres, con maletines de las mismas firmas.
En el caso de Nimbus, que percibió más de un millón de euros públicos de forma irregular, la documentación intervenida por la Guardia Civil en sus oficinas también ha resultado determinante para vertebrar la acusación.
En poder de Romero se halló un sinfín de anotaciones que aludían a «pagos en B» por parte del PP, así como de innumerables facturas en concepto de «campañas ficticias» a diversos organismos públicos tanto del Gobierno balear como del Consell de Mallorca controlados por los populares.
Por citar un ejemplo, una de ellas reza: «Importante: Sí hay costo, pero la vta. va por B». Y añade: «Como es el PP, no se ponen». A lo que, a continuación, se agrega: «Ojo, recordar que los costos en B no se ponen en esta plantilla», en referencia a la relación de operaciones oficiales.
Para reforzar su inminente acusación por financiación ilegal, la Fiscalía Anticorrupción acaba de solicitar, a instancias de la Guardia Civil, la contabilidad oficial del partido. La formación popular dispone de un único número de identificación fiscal en toda España y la petición ha sido cursada a Génova.